Bogotá, septiembre de 2026. Comerciantes del centro de Bogotá, alertaron sobre la circulación de panfletos presuntamente extorsivos, en los que una organización que se atribuye vínculos con las FARC, exige pagos bajo la figura de una supuesta “contribución” y profiere amenazas contra comerciantes y sus familias.
La denuncia encendió las alarmas debido a que el escrito asegura tener información sobre las actividades económicas, bienes y lugares frecuentados por las posibles víctimas. Los comerciantes manifestaron temor por su integridad y solicitaron acompañamiento inmediato de las autoridades, presencia institucional permanente y absoluta reserva durante el proceso investigativo.
De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo —SIEDCO—, entre enero y junio de 2026 Bogotá registró 1.005 casos de extorsión.
Las localidades con mayor número de denuncias durante ese periodo fueron:
* Kennedy: 117 casos.
* Suba: 114 casos.
* Engativá: 96 casos.
* Santa Fe: 86 casos.
* Usaquén: 70 casos.
* Fontibón: 34 casos.
Las autoridades reportaron una disminución del 4 %, 57 casos menos frente al mismo periodo de 2025 y más de 87 capturas por extorsión durante 2026. También advirtieron que los delincuentes están utilizando llamadas, mensajes y panfletos para exigir sumas que pueden oscilar entre uno y 60 millones de pesos. “Ningún comerciante puede quedar a merced de los criminales”: Andrés Barrios
“Esto no puede tratarse como un simple volante ni esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar. Estamos ante un documento que pretende sembrar miedo, exigir dinero y amenazar a ciudadanos que trabajan honestamente. La Policía, el Gaula y la Fiscalía deben verificar de inmediato su origen, identificar a los responsables y activar medidas de protección para los comerciantes mencionados. Ningún trabajador puede quedar a merced de los criminales por denunciar”, afirmó el concejal Andrés Barrios.
El cabildante solicitó una intervención coordinada que incluya la conformación de una mesa de seguridad con los comerciantes afectados, presencia permanente del Gaula en los sectores comerciales, revisión de cámaras de seguridad, seguimiento a los canales desde los cuales se estén realizando las amenazas y una ruta confidencial de atención para las posibles víctimas.
“Las cifras pueden mostrar una disminución, pero mil denuncias en seis meses siguen representando una alerta enorme. Además, sabemos que muchas víctimas guardan silencio por temor. La prioridad debe ser protegerlas, romper el miedo y golpear las finanzas de quienes hicieron de la extorsión un negocio criminal”, agregó el concejal.
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Andrés Sánchez
Jefe de prensa – Concejal Andrés Barrios
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