El concejal Andrés Barrios cuestionó la postura de dirigentes del Pacto Histórico frente a las operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales y advirtió que las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre no pueden utilizarse para deslegitimar la acción del Estado. El cabildante expresó su respaldo a los uniformados y recordó que combatir a quienes reclutan menores, extorsionan comunidades, atacan a soldados y policías es una obligación de las autoridades.

Barrios señaló que existe una indignación selectiva en sectores de esa colectividad: cuestionan las operaciones contra cabecillas, pero no muestran la misma contundencia frente al sufrimiento de las víctimas ni ante escándalos de corrupción como el de la UNGRD. También criticó la política de negociaciones y ceses al fuego promovida durante el gobierno de Gustavo Petro, al considerar que sus resultados deben medirse por la protección de las comunidades y la reducción de la capacidad criminal de los grupos armados.

El concejal reconoció el derecho a la manifestación pacífica, pero rechazó que las demandas sociales se utilicen con fines electorales o para justificar hechos violentos. Pidió a los convocantes evitar discursos que alienten agresiones y respetar a quienes necesitan trabajar, estudiar o desplazarse por la ciudad.

Los daños durante manifestaciones han generado gastos millonarios en reparaciones. Según TransMilenio, entre 2021 y 2026 se registraron 331 hechos de vandalismo durante manifestaciones, cuyas reparaciones costaron $16.579 millones. Estos hechos concentraron el 97,6 % del gasto reportado por reparación de daños vandálicos en estaciones y portales del sistema.

El impacto también alcanza al mobiliario urbano. La Alcaldía informó que entre enero de 2024 y julio de 2026 destinó $9.125 millones a recuperar elementos afectados por vandalismo, entre ellos señales del SITP, paraderos y bancas. Este balance corresponde al vandalismo general y no exclusivamente a daños durante marchas.

Barrios insistió en que las agresiones, la destrucción de bienes y las demás conductas delictivas deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Finalmente, llamó a mantener una política de seguridad firme, dentro del marco constitucional, y reiteró que las estructuras criminales deben someterse a la justicia. Para el cabildante, la prioridad debe estar en los niños expuestos al reclutamiento, las comunidades sometidas a extorsiones y las familias que necesitan protección frente a los grupos armados.