El concejal de Bogotá Andrés Barrios solicitó al presidente Abelardo de la Espriella suspender de inmediato la financiación con recursos públicos a la Asociación Profamilia. Según información de la ADRES, esta entidad privada habría recibido más de $258.000 millones del sistema de salud entre 2022 y 2026. «Presidente: como parte de la contrarrevolución cultural, llegó la hora de dejar de financiar con recursos públicos a esta entidad privada, promotora del wokismo y auspiciadora de la muerte en nuestro país», afirmó el cabildante. Además, sostiene que Profamilia se niega a explicar en qué invierte ese dinero, aunque dentro de su portafolio ofrece el aborto y procedimientos de reafirmación de sexo y género.

La cifra surge de la respuesta oficial de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a un derecho de petición del concejal (Radicado N.º 20262000001411 del 21 de mayo de 2026). Según Barrios, casi la mitad del dinero, más de $120.000 millones, proviene del régimen subsidiado, es decir, de los recursos destinados a las familias más pobres del país. Solo por servicios no financiados con la Unidad de Pago por Captación (UPC), las EPS autorizaron giros directos a Profamilia por $5.220 millones. De ese total, $2.259 millones fueron autorizados por Sanitas en lo corrido de 2026, y $1.028 millones por Salud Total en 2025. «Es casi un cuarto de billón de pesos de los colombianos«, advirtió el cabildante.

El concejal solicitó a Profamilia el desglose de sus fuentes de financiación, contratos con entidades públicas y donantes internacionales, pero la organización respondió por escrito: «No es posible brindar este tipo de información». Para negarse, invocó la reserva legal y la confidencialidad de sus convenios con EPS e IPS. «Para cobrar, Profamilia aparece como prestador del sistema de salud, pero para rendir cuentas ante los colombianos que la financian, se convierte en una entidad privada blindada por el secreto comercial. ¿Confidencialidad sobre la plata de quién? La plata pública no tiene reserva», cuestionó Barrios.

La propia ADRES admitió por escrito que la información reportada por las EPS «no cuenta con campos que permitan identificar procedimientos médicos específicos», como los servicios de salud sexual y reproductiva o la atención a población transgénero. Asimismo, Profamilia reconoce en su respuesta oficial que el procedimiento de reafirmación de sexo y género forma parte de los servicios que presta. «El giro se ve, pero el destino no. Es una caja negra. La pregunta que Colombia se tiene que hacer es cuánto de nuestro dinero financia el aborto y estos procedimientos. No lo sabemos, porque decidieron esconderlo», advierte el concejal.

Barrios recordó además que la organización es dirigida desde hace más de una década por una ejecutiva de nacionalidad española y que, en ese tiempo, a su juicio, ha dejado de lado la prevención del embarazo adolescente y el acompañamiento a las familias vulnerables.

De igual manera, el concejal anunció que pedirá a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Contraloría General de la República revisar el destino de los recursos girados. «Para pedir recursos públicos son eficientes, pero para responderle a las familias que los pagan se amparan en secretos empresariales. Una entidad que le teme a las cuentas claras algo está escondiendo. Si no tiene nada que esconder, que abra sus cuentas a todos los colombianos», puntualizó Barrios Bernal.