septiembre 10, 2026

Solo el 1,5 % de las visitas a centros estéticos termina en sanción o cierre en Bogotá, Concejal Barrios exige avances en la aprobación del código QR “sello seguro”

Bogotá, 9 de septiembre de 2026. En los últimos tres años, Bogotá ha registrado al menos 15 fallecimientos asociados con procedimientos estéticos. Pese a la gravedad de los casos, apenas el 1,5 % de las visitas realizadas por las autoridades termina en una sanción o cierre efectivo. Ante este panorama, el Concejal Andrés Barrios, impulsa la creación del Sello Distrital de Habilitación y Transparencia para Centros de Estética y Medicina Estética, una herramienta física y digital para que los ciudadanos puedan verificar, antes de someterse a cualquier procedimiento, si el establecimiento está habilitado y qué servicios puede prestar.

El caso más reciente fue reportado el pasado 30 de agosto en Antonio Nariño. Una mujer murió tres días después de practicarse una bichectomía en un establecimiento que figuraba en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que había recibido concepto favorable durante una visita de inspección. Sin embargo, su inscripción correspondía a un objeto social diferente y no lo habilitaba para realizar cirugías. Otra mujer, de 38 años, denunció que en el mismo lugar le habrían inyectado biopolímeros presentándolos como un producto seguro. Ha requerido dos intervenciones para retirarlos, continúa con dolor permanente y asegura que su denuncia, presentada en 2022, no registra avances.

A estos hechos se suma la muerte de Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años, después de una lipólisis láser practicada el 10 de julio en Puente Aranda. El establecimiento funcionaba bajo el registro de peluquería, no tenía avisos exteriores y su representante legal no figuraba como talento humano habilitado en salud. También está el caso de Yulixa Toloza, quien desapareció el 19 de mayo tras ingresar a un procedimiento en el barrio Venecia. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en la vía ApuloAnapoima y el alcalde Carlos Fernando Galán, calificó lo ocurrido como un homicidio. Este caso dio origen a la iniciativa presentada por el concejal Barrios.

Las cifras dimensionan el problema, entre enero de 2025 y mayo de 2026 se recibieron 282 quejas relacionadas con procedimientos estéticos. De ellas, 194 el 69 % fueron contra lugares clandestinos o no habilitados. Aunque entre 2025 y julio de 2026 se realizaron 1.296 visitas, 590 operativos y se impusieron 155 medidas sanitarias, los operativos disminuyeron de 375 en 2024 a 288 en 2025. Además, estos establecimientos cambian de nombre o ubicación, funcionan sin avisos, se registran como peluquerías y captan clientes mediante promociones en redes sociales.

“En Bogotá, una peluquería puede terminar escondiendo un quirófano y un establecimiento puede aparecer en el REPS sin estar autorizado para realizar cirugías. Los ciudadanos no deberían tener que interpretar registros técnicos para saber si están poniendo en riesgo su salud y su vida. Por eso insistimos ante el Concejo, un sello obligatorio, físico y digital, con código QR, que permita verificar en segundos qué servicios puede ofrecer legalmente cada lugar. Si captan clientes por redes sociales, también deberán exhibirlo en su publicidad. Una promoción o una fachada nunca pueden estar por encima de la vida”, afirmó el Concejal Andrés Barrios.

El sello establecerá tres categorías claramente diferenciadas: estética ornamental, que incluye peluquerías y barberías; estética facial y corporal no invasiva; y medicina estética, que comprende procedimientos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de biológicos y cualquier intervención que requiera anestesia o sedación. El proyecto también contempla sanciones por falsificación o utilización fraudulenta del distintivo, derechos específicos para los usuarios y reportes periódicos sobre operativos, cierres y medidas sanitarias.

Barrios también solicitó fortalecer la coordinación entre la Secretaría Distrital de Salud, las alcaldías locales, la Policía, la Fiscalía, el Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes, así como investigar la trazabilidad de anestésicos, sedantes y otros medicamentos encontrados en establecimientos clandestinos. “No basta con cerrar una puerta si al día siguiente el mismo negocio puede abrir con otro nombre y en otra localidad”, concluyó el concejal Barrios.

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