• El Cabildante radicó una acción de nulidad con solicitud de suspensión provisional contra la Resolución Conjunta 1350 de 2026, expedida por los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Culturas, por imponer la agenda ideológica en colegios públicos y privados mediante un acto administrativo ilegal.
• La demanda sostiene que cuatro ministerios no pueden crear una política pública nacional con vigencia hasta 2035 ni imponer contenidos obligatorios en las instituciones educativas, pues esa competencia corresponde al Presidente de la República y, en materia educativa, al Congreso mediante ley.
• La acción judicial advierte que la resolución vulnera la autonomía escolar, el derecho constitucional de los padres a escoger la educación de sus hijos y fue expedida a pocas semanas del cambio de Gobierno.

Bogotá D.C., 16 de julio de 2026. El concejal Andrés Barrios radicó ante el Consejo de Estado esta demanda de acción de nulidad con solicitud de suspensión provisional contra la Resolución Conjunta 1350 de 2026, mediante la cual el Gobierno Nacional adopta la “Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035” e impone de manera obligatoria su incorporación en los currículos de las instituciones educativas públicas y privadas.

“Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República”, afirmó el concejal Barrios.

La demanda también cuestiona el contenido de la resolución, al señalar que incorpora temas relacionados con el deseo, el placer y la identidad sexual desde la primera infancia. Asimismo, advierte que ataca de frente la autonomía de las instituciones educativas y las creencias personales de quienes defienden la familia y los valores, al considerarlos como obstáculos para la implementación de la política pública, vulnerando el pluralismo y la libertad de enseñanza garantizados por la Constitución.

Dentro de la acción judicial, el Concejal formuló cinco cargos, el primero sostiene que los ministerios incurrieron en falta de competencia al crear una política pública nacional mediante una resolución. El segundo advierte que la resolución se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, una norma cuya vigencia termina este año, pese a que la política pretende extenderse hasta 2035. El tercero señala que la medida vulnera la autonomía escolar, al imponer un contenido uniforme a todos los establecimientos educativos del país, desconociendo la participación de directivos, docentes y padres de familia prevista en la ley.

El cuarto cargo sostiene que la resolución desconoce el artículo 68 de la Constitución Política, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente la Sentencia T- 440 de 1992, que reconoce que la educación sexual incumbe de manera primaria a los padres. Además, la demanda advierte que el texto expedido por el Gobierno difiere del documento sometido previamente a comentarios ciudadanos, sin que esos cambios hubieran sido consultados con las familias.

Finalmente, el quinto cargo señala que la resolución fue expedida a menos de un mes del cambio de Gobierno, con una vigencia de diez años y un plazo de seis (6) meses de implementación que recaerá sobre el nuevo Gobierno, configurando lo que en el derecho comparado se conoce como una “regulación de medianoche”, utilizada para condicionar las decisiones de los gobiernos entrantes.

“La protección de la niñez, el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos no pueden quedar a merced de una resolución expedida por el gobierno saliente. Acudí al Consejo de Estado para solicitar la suspensión de esta medida y evitar que tenga efectos adversos sobre millones de estudiantes. No voy a permitir que, por la puerta de atrás, se imponga una agenda ideológica para ilegalmente condicionar la formación de nuestros niños”, concluyó el concejal Andrés Barrios.