• En Bogotá, un extranjero paga más de $220 millones por un proceso de gestación subrogada, mientras la mujer recibe solo entre el 10% y el 27% del total. El resto queda en manos de clínicas, agencias e intermediarios.
• El mercado mundial de alquiler de vientres pasará de USD 27.900 millones en 2025 a más de USD 200.000 millones en 2034, con un crecimiento anual del 24 %, mientras Bogotá tiene las condiciones que busca esta industria: clínicas de fertilidad, conectividad internacional y un vacío regulatorio.
• Colombia reportó 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad durante 2024, una cifra que evidencia el impacto de este fenómeno sobre la justicia y la protección de los derechos de los niños.
• El concejal Barrios propuso crear el Protocolo Distrital “Bogotá No Se Alquila” para fortalecer los controles sobre esta práctica y prevenir la explotación reproductiva.

Bogotá D.C., 14 de julio de 2026. El concejal Andrés Barrios presentó una propuesta para que el Distrito adopte el Protocolo “Bogotá No Se Alquila”, una estrategia integral para combatir el turismo reproductivo y la explotación de vientres. La iniciativa busca fortalecer las competencias del Distrito frente a un fenómeno que ha crecido al amparo de los vacíos normativos y de la ausencia de controles sobre la gestación subrogada, convirtiendo a Bogotá en uno de los principales escenarios de esta industria en Colombia.

‘La discusión no puede reducirse a un asunto de reproducción asistida, es más grave, se está permitiendo que la vida humana tenga precio. Detrás del alquiler de vientres existe una cadena económica integrada por clínicas de fertilidad, agencias, intermediarios, reclutadoras, abogados y procedimientos judiciales que comercializan para nacionales y extranjeros, aprovechándose de la necesidad económica de estas mujeres y un marco jurídico insuficiente para impedir la mercantilización de los niños y la explotación reproductiva de las mujeres’, afirmó el Concejal.

La Corte Constitucional ha exhortado durante años al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para regular integralmente las técnicas de reproducción humana asistida y evitar la comercialización de esta práctica. Asimismo, el informe presentado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, ha advertido que la gestación subrogada constituye una práctica marcada por la explotación de mujeres y niños y recomendó avanzar hacia su erradicación, responsabilizando a intermediarios y compradores.

El Cabildante explicó que el supuesto carácter altruista de la gestación subrogada terminó convertido en un negocio multimillonario. Un extranjero puede pagar alrededor de 60.000 euros, más de $260 millones, por un proceso de gestación subrogada en Colombia, mientras la mujer gestante recibe apenas entre el 10 % y el 27 % del valor total.

Además, presentó evidencias sobre pagos mensuales, compensaciones condicionadas a la entrega del bebé y bonificaciones conocidas como “bono de éxito” o “bono de buen comportamiento”, mecanismos que, a su juicio, demuestran que no se trata de altruismo sino de una estructura comercial alrededor del cuerpo de las mujeres.

Igualmente, alertó sobre la falta de información institucional para dimensionar este fenómeno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que sus sistemas de información ni siquiera contemplan la categoría de maternidad subrogada, por lo que el Estado desconoce cuántos niños han estado involucrados en estos procesos.

A ello se suma que, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, durante 2024 se registraron 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad, mientras entidades como la Registraduría, Migración Colombia y autoridades judiciales intervienen de manera fragmentada, sin una respuesta integral que garantice el interés superior del menor ni la protección de las mujeres gestantes.

La ausencia de controles ha permitido la consolidación de redes de captación que buscan mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y población migrante mediante Facebook y WhatsApp, presentando la gestación subrogada como una oportunidad laboral. Estas dinámicas generan escenarios compatibles con explotación reproductiva e incluso con riesgos asociados a la trata de personas, por lo que el Concejal insistió en que el Distrito no puede seguir argumentando que este debate corresponde únicamente al Congreso cuando Bogotá concentra gran parte de las clínicas, agencias e intermediarios que participan en esta actividad.

Frente a este panorama, propuso la creación del Protocolo Distrital “Bogotá No Se Alquila”, un instrumento de articulación institucional que permitirá fortalecer las funciones de las Secretarías de Salud, Mujer, Seguridad,  Convivencia y Justicia e Integración Social y las demás autoridades competentes.

La propuesta contempla cuatro ejes: fortalecer la inspección y vigilancia sanitaria sobre clínicas y procedimientos; prevenir y desarticular las redes de captación de mujeres; activar mecanismos de protección social para mujeres en condición de vulnerabilidad y población migrante; y crear un sistema distrital de información, alertas tempranas y seguimiento que permita identificar riesgos, establecimientos involucrados y posibles afectaciones a mujeres y niños.

‘Bogotá no puede expedir por sí sola una ley nacional para prohibir la gestación subrogada, pero sí puede ejercer plenamente sus competencias para proteger la dignidad humana, la salud de las mujeres y los derechos prevalentes de los niños. Con el Protocolo ‘Bogotá No Se Alquila’ buscamos cerrar espacios de impunidad, prevenir la explotación reproductiva y demostrar que en esta ciudad la vida humana no puede convertirse en un negocio. La necesidad económica no puede seguir siendo utilizada como la materia prima de un mercado que trata a los niños como el resultado de un contrato’, concluyó el concejal Andrés Barrios.