- Más de 12.000 jóvenes han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en los últimos dos años y cerca del 20% reincide.
- Más de 1.000 casos de reclutamiento de niños y adolescentes han sido verificados, según informe de la Unicef.
- En Bogotá, el 49,7% de las aprehensiones de menores corresponde a hurto a personas; 10,7% a lesiones personales y 9,1% a delitos de estupefacientes.
Bogotá, Colombia, 14 de abril de 2026. El concejal Andrés Barrios alertó sobre el grave avance del crimen organizado que está instrumentalizando menores de edad en Colombia y en Bogotá, en medio de un sistema que no está logrando romper el ciclo del delito ni prevenir el reclutamiento.
“Más de 12.000 jóvenes han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en dos años y el 20% reincide y uno de cada cinco vuelve al delito. Esa cifra no es marginal, es la evidencia de que el Estado no está rompiendo el ciclo criminal, lo está administrando”, advirtió el concejal.
A esto se suma un dato aún más alarmante: más de 1.000 casos de reclutamiento de niños y adolescentes han sido verificados por Unicef en 2025, evidenciando cómo las estructuras criminales siguen fortaleciendo su base mediante la vinculación sistemática de menores.
El concejal señaló que este fenómeno responde a un cambio estructural en la operación del crimen. Los menores ya no son utilizados de forma excepcional, sino como parte central de la estrategia criminal, debido a su facilidad de reclutamiento y al régimen sancionatorio diferenciado.
Asimismo, cuestionó el impacto de la “Paz Total” del Gobierno Petro, señalando que ha reducido la presión del Estado en varios territorios sin reemplazarla por control institucional efectivo, lo que ha permitido el crecimiento de economías ilegales que reclutan menores.
En Bogotá, esta problemática ya se refleja en las dinámicas delictivas. Según cifras oficiales, el 49,7% de las aprehensiones de adolescentes corresponde a hurto a personas, seguido de lesiones personales (10,7%) y delitos de estupefacientes (9,1%); evidenciando una fuerte relación con violencia urbana y economías ilegales.
El concejal Barrios también denunció una grave desarticulación institucional en el Distrito. Actualmente, ninguna entidad puede responder cuántos jóvenes intervenidos por programas sociales reinciden en el delito, lo que impide evaluar si las estrategias están funcionando. Asimismo, señaló que la secretaría de Educación no cuenta con información que permita correlacionar las zonas de alta criminalidad con las instituciones educativas.
Además, advirtió que el Distrito no cuenta con programas específicos para menores en riesgo de vinculación al delito, lo que deja un vacío entre la prevención y la sanción que está siendo aprovechado por estructuras criminales.
Frente a este panorama, el concejal insistió en la urgencia de: “implementar un Modelo Territorializado de Seguridad que permita intervenir de manera focalizada, con seguimiento individual de los jóvenes, cruce de información entre entidades, indicadores de resultado y responsabilidad clara por territorio. Si el Distrito no puede decir cuántos reinciden, entonces estamos interviniendo a ciegas: sin medición, sin control; y así, el crimen sigue avanzando”, concluyó el cabildante.







