• El Concejal Andrés Barrios celebró la suspensión del decreto del salario mínimo y reiteró que el aumento fue una decisión populista, improvisada, sin sustento técnico ni legal.
• El incremento del 23% generaba un impacto estructural de $1,48 billones en el presupuesto de Bogotá, sin recursos adicionales de la Nación.
• $654 mil millones en obras del IDU y $253 mil millones en bienes y servicios están entre los rubros más afectados.

Bogotá, D.C., 13 de febrero de 2026. El concejal Andrés Barrios celebró la suspensión transitoria del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, decisión que frena una medida del Gobierno Nacional que generaba graves consecuencias fiscales para Bogotá y otras entidades territoriales del país.

“El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional fue una decisión improvisada, sin sustento técnico ni legal, que hoy el Consejo de Estado suspende y que confirma lo que advertimos desde diciembre. Este populismo le generaba a Bogotá un impacto fiscal cercano a $1,48 billones que no tienen financiación, comprometiendo obras, inversión y servicios para los ciudadanos”, afirmó el concejal Andrés Barrios.

El Cabildante explicó que el incremento del 23% generaba un impacto fiscal estructural cercano a $1,48 billones en las finanzas del Distrito, sin que existiera financiación adicional por parte de la Nación, lo que comprometía directamente la ejecución del presupuesto aprobado por el Concejo de Bogotá.

Del total del impacto, el 77% corresponde a gastos de la Administración central y establecimientos públicos; el 16% a Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y el 6% a Subredes Integradas de Servicios de Salud, evidenciando una presión generalizada sobre el funcionamiento institucional de la ciudad.

Este impacto se concentra en obligaciones contractuales, laborales y legales necesarias para garantizar servicios esenciales. Entre los principales rubros afectados se encuentran $654 mil millones en obras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), $253 mil millones en contratos de bienes y servicios, $51 mil millones en subsidios de vivienda, $49 mil millones en transporte público mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria y $21 mil millones en programas educativos de la Agencia ATENEA.

A este escenario se suma una presión adicional de $209 mil millones derivada de la inflación, lo que agrava el deterioro estructural del balance fiscal y reduce el margen de inversión en infraestructura, programas sociales, mantenimiento urbano y nuevos equipamientos para la ciudad.

La Secretaría Distrital de Hacienda, mediante la Circular 0009, confirmó que no habrá adiciones presupuestales ni recursos nuevos, por lo que las entidades deberán asumir estos costos con el presupuesto vigente, lo que implica recortes internos, priorización del gasto y aplazamiento de inversiones estratégicas.

Ante este panorama, el concejal Barrios propuso la implementación de un informe mensual de impacto fiscal, la formulación de un plan de priorización técnica para proteger sectores estratégicos como seguridad, salud, educación e infraestructura crítica y la instalación de una mesa Distrito–Nación para exigir compensaciones o ajustes que mitiguen el impacto financiero generado por la medida.

“Hoy el Consejo de Estado ratifica que las decisiones económicas no pueden tomarse con fines políticos o electorales, sino con rigor técnico y dentro del marco de la ley. El país necesita responsabilidad y estabilidad económica, no decisiones populistas y electorales que terminan afectando a los trabajadores, al empleo y a las finanzas públicas”, concluyó el Cabildante.